Si a España se la ha llamado siempre “la tierra de María Santísima”, Francia es “la hija predilecta de la Iglesia”.
Esa unión entre el altar y el trono comenzó a quebrarse en 1795, en plena Revolución Francesa, pero la constitución de Francia como un Estado laico tardaría 110 años más, llenos de victorias parciales y alternativas de los laicistas y de los confesionalistas.
La Ley de Separación de las Iglesias y el Estado, promulgada en 1905, es una de las piedras angulares de la democracia francesa. Comienza así: “La República no reconoce, no paga ni subvenciona ninguna religión”. Parte del principio de la neutralidad del Estado ante el hecho religioso, además del respeto por la libertad del culto. Es decir, que la República francesa dejó de financiar a las diferentes iglesias. La Ley estableció que todos los edificios religiosos serían propiedad del Estado y de los gobiernos locales, aunque el gobierno pondría esos inmuebles a disposición de las organizaciones religiosas sin cobrarles nada, a condición de que siguiesen usándolos para el culto y nada más. También establece la Ley de 1905 la prohibición de fijar símbolos religiosos en edificios públicos.
La trascendental ley lleva la firma del masón Maurice Rouvier, presidente del Consejo de Ministros, y del titular de Educación, el también masón Jean-Baptiste Bienvenu Martin, que es el que aparece en la caricatura cortando con una sierra el tronco que une al cura y a la Marianne. La mayoría de los ministros de aquel gobierno eran masones, pero el verdadero padre de la ley fue el ilustre masón Emile Combes, predecesor de Ranvier en la jefatura del Gobierno. Imposible olvidar a otros dos grandes políticos no masones pero muy próximos a la Masonería, como Aristide Briand y Jean Jaurès.
Salvo en los años de la Segunda República (y con un carácter mucho más anticlerical que laicista), en España no ha habido, ni existe hoy, una ley como la francesa de 1905.
